Publicado por Gabriela Padilla

Ene 18, 2023

El órgano fiscalizador constató pagos irregulares por obras extraordinarias y un contrato por trato directo dado en forma de compensación por la pandemia . Ahora el municipio deberá buscar a quienes resulten responsables, además de restituir cerca de $30 millones.

La construcción de la Torre Rotonda Atenas, iniciada a comienzos de 2020, fue paralizada por decreto municipal debido a la pandemia por Covid-19. Las obras estuvieron detenidas por 115 días, tras su autorización en julio de ese mismo año.

El 11 de febrero de 2021, mediante decreto alcaldicio, el municipio autorizó el contrato por trato directo a la misma empresa a cargo de la construcción del edificio para la «mantención de las reuniones y coordinaciones de la obra, así como de la infraestructura, maquinaria y equipos de terceros que prestan soporte directo en la faena». Todo por $202.318.350.

La Contraloría revisó la fundamentación entregada por la Municipalidad para el trato directo, la cual apunta a que los servicios contratados correspondían a servicios conexos. Según Chile Compra, esta clase de servicios son los que están “relacionados directamente con el objeto principal del contrato suscrito con anterioridad y que ,en función de dicha relación, es razonable contratar con el mismo proveedor”.

A pesar de ello, CGR consideró que los trabajos contratados ya formaban parte del contrato de construcción principal. Sobre dichas labores, el informe dice que “corresponde, al tratarse de un contrato a suma alzada, sean ejecutadas por el contratista en el marco del contrato de construcción”.

Asimismo, durante el Concejo Municipal del 5 de noviembre de 2020, fecha en que el gasto implicado se aprobó, se argumentó que “el objetivo del contrato, además de pagar por trabajos que, tal como ya se dijo, son propios del contrato de construcción suscrito, es la de compensar a la empresa por el período de inactividad económico que tuvo la constructora debido a la pandemia”.

Respecto a esto, las bases administrativas del contrato principal establecían que las obras sí podían ser suspendidas o atrasadas por razones de fuerza mayor o eventos fortuitos. No obstante, no se mencionan indemnizaciones ni compensaciones  que deban darse a el contratista por períodos de inactividad, por lo que no correspondía la contratación de servicios bajo esa premisa.

Además del contrato adicional por vía directa, la Municipalidad de Las Condes incorporó obras extraordinarias por un monto de más de $43 millones. Se trata de la incorporación y uso de grúas y andamios a la maquinaria ya utilizada, y ejecución de hormigón armado. 

Según las bases administrativas del contrato, obras extraordinarias son “las que surjan de modificaciones al proyecto, ordenadas por la municipalidad, que se incorporen o agreguen al proyecto (…), pero cuyas características sean diferentes a las especificadas”. Bajo esa misma línea, la CGR añade que “no corresponde considerar obras extraordinarias todas aquéllas que hayan estado incluidas en alguno de los antecedentes de la licitación”.

Teniendo eso en cuenta, el órgano fiscalizador objetó el aumento de obras y la incorporación de maquinaria, ya que esos ítems ya estaban incluidos en el contrato original y debían correr por parte de la constructora, según las Especificaciones Técnicas de la licitación. 

A pesar de las respuestas entregadas por el municipio a las materias que objetó Contraloría General de la República, dicha entidad mantuvo sus observaciones sobre aumento de obras y contrato por vía directa. 

La entidad edilicia deberá iniciar un procedimiento disciplinario con el fin de determinar responsabilidades administrativas e involucrados. La información tendrá que ser remitida en 15 días hábiles a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la CGR.

Asimismo,el municipio contará con 30 días hábiles para acreditar la restitución $30.345.171, monto que corresponde a obras extraordinarias que ya habían sido pagadas al momento de la auditoría.

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