Se abre la caja negra de la Corporación Cultural de Colina: el director y la subdirectora tenían a tres de sus hijos contratados
Publicado por Juan José Lyon y Paulette Desormeaux
Nov 19, 2026
Tras un amparo ante el Consejo para la Transparencia, Fundación América Transparente
accedió a los registros contables y de remuneraciones de la Corporación de Artes y Cultura
de Colina.
Estos muestran remuneraciones de hasta $16,4 millones brutos para su director
ejecutivo, un segundo empleo municipal en paralelo y la contratación, el mismo día de 2021,
de su hija y del hijo de la subdirectora. Otra hija de la subdirectora era la tercera funcionaria
mejor pagada de la Corporación.
Durante más de una década, la Corporación de Artes y Cultura de Colina recibió miles de millones de pesos en subvenciones municipales sin que la ciudadanía pudiera conocer en detalle cómo los gastaba.
Constituida en 2012, durante la administración del entonces alcalde Mario Olavarría (UDI), la entidad se acogió a su naturaleza jurídica de derecho privado para no entregar información sobre el uso de esos recursos.
Eso cambió tras un año de gestiones de la Fundación América Transparente. Un amparo ante el Consejo para la Transparencia (CPLT) permitió acceder a registros contables y de remuneraciones que hasta entonces no eran públicos.

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Colina: Todo queda en familia.
La revisión de esos antecedentes muestra remuneraciones millonarias y variables,
contrataciones paralelas y vínculos familiares en la nómina.
En el centro aparece Rodrigo Opazo Cousiño, director ejecutivo de la Corporación desde enero de 2013. También aparece su hija, Manuela Opazo Husch, quien el 1 de agosto de 2021 pasó de emitir boletas de honorarios a integrar la planilla de la institución que dirigía su padre. Ese mismo día
ingresó también a la planilla el hijo de Jacqueline Astudillo Muñoz, subdirectora de la
Corporación y su segunda funcionaria mejor pagada. La tercera mejor pagada era otra hija
de la subdirectora.
La pregunta de fondo es cómo una entidad financiada con miles de millones de pesos
municipales pudo funcionar tantos años sin que la ciudadanía tuviera acceso oportuno a
información básica sobre sus gastos y contrataciones.
El origen de la Corporación y los $12.233 millones municipales
La Municipalidad de Colina participó directamente en la creación de la Corporación. En
enero de 2012, el municipio contrató a un abogado externo por 120 UF para redactar los
estatutos y hacer los trámites de constitución de esta nueva persona jurídica de derecho
privado, según consta en el Decreto E-3080/2012.
Entre 2013 y octubre de 2026, la Municipalidad transfirió a la Corporación $12.233.415.315.
Pese a que estos dineros son 100% públicos y estaban destinados a talleres, fomento
folclórico y exposiciones, la entidad operaba con reglas de derecho privado, negando el
acceso a sus libros contables.
De hecho, en junio de 2025, América Transparente solicitó información vía Ley de Transparencia y la respuesta de la Corporación fue que era “un
organismo privado, el cual no depende de la Municipalidad de Colina”. Sin embargo, la propia Corporación no siempre se presentó así.
En al menos 18 contratos de prestación de servicios firmados por su director, Rodrigo Opazo, entre junio y diciembre de 2021, y rendidos luego ante la Municipalidad, la entidad se describe como “persona jurídica de Derecho Público”. En otros contratos del mismo período, en cambio, se presenta como de derecho privado.
Fue precisamente esa condición la que América Transparente cuestionó ante el Consejo
para la Transparencia. El acceso a los antecedentes permitió, por primera vez, examinar en
detalle cómo se distribuían los recursos y cuánto recibían quienes administraban la
institución.
Rodrigo Opazo: remuneraciones de hasta $16,4 millones brutos y un segundo vínculo municipal
Uno de los principales hallazgos está en las remuneraciones de Rodrigo Opazo Cousiño,
director ejecutivo de la Corporación de Artes y Cultura desde enero de 2013. Lejos de
percibir un sueldo fijo, sus liquidaciones muestran ingresos brutos con importantes
variaciones entre meses, por aguinaldos, horas extras y un “bono responsabilidad” que en
algunos meses superó su propio sueldo base.
En 2021, sus remuneraciones brutas fluctuaban entre los $6 y $16,4 millones mensuales. En
2022 recibió $101,8 millones brutos en el año: una base de $6,96 millones, con bonos que en
cuatro meses llevaron su remuneración por sobre los $10,6 millones.
Pero hay otro antecedente relevante: entre 2015 y 2021, en paralelo a su cargo en la
Corporación de Artes y Cultura, Opazo trabajó para la Corporación Municipal de Desarrollo
Social de Colina, que administra los servicios públicos de salud y educación de la comuna.
Allí se desempeñó algunas veces como fotógrafo y otras como profesor de fotografía, entre 7
y 10 meses cada año.
Su sueldo bruto mensual adicional pasó de $888 mil en 2015 a $1,1 millones en 2021, y en esos siete años sumó $61.809.240 brutos. Ambas corporaciones son entidades vinculadas al municipio y financiadas con recursos públicos. Eso abre preguntas sobre la naturaleza de las contrataciones paralelas, las funciones efectivamente desempeñadas, la compatibilidad de las jornadas y los
mecanismos de supervisión de los pagos.
Consultado por América Transparente sobre sus remuneraciones, su segundo empleo y
la contratación de su hija, Rodrigo Opazo no respondió hasta el cierre de esta edición.
Para dimensionar: en noviembre de 2021, la planilla de la Corporación sumó $54,4 millones
brutos entre 20 trabajadores. Opazo recibió el 30% de ese total, y junto a la subdirectora,
Jacqueline Astudillo Muñoz, segunda mejor pagada con $10,8 millones, concentraban la
mitad. Quince de los 20 trabajadores ganaban menos de $2 millones brutos.
En 2021, Jacqueline Astudillo tuvo un sueldo base de $4.889.677. En abril y noviembre de ese
año recibió además un “bono responsabilidad” de casi $6 millones, mayor que su propio
sueldo base, con lo que su remuneración imponible superó los $10,8 millones. En marzo,
mayo, junio y agosto, en cambio, la Corporación le pagó entre 10 y 20 horas extras, y su
remuneración quedó entre $5,3 y $5,7 millones.
Consultada por América Transparente, Jacqueline Astudillo respondió por escrito que todos
esos pagos, tanto los bonos como las horas extras, estaban respaldados en los estatutos de la
Corporación. Los estatutos figuran en el sitio web de la Corporación, pero con acceso
restringido, por lo que no fue posible verificar esa afirmación.
Los hijos del director y de la subdirectora
Los registros también muestran que el 1 de agosto de 2021 la Corporación incorporó a su
nómina a los hijos de su director y de su subdirectora, sus dos funcionarios mejor pagados.
Una es Manuela Opazo Husch, actriz e hija del director ejecutivo. Su relación con la
Corporación comenzó con boletas de honorarios por un monto bruto mensual de
$1.920.904, equivalente a $1.700.000 líquidos. Todas las boletas obtenidas tienen el mismo
concepto: “atención profesional kit adulto mayor”.
El 1 de agosto de 2021 dejó de emitir boletas y pasó a la nómina de contratados de la
Corporación en el cargo de “gestora cultural”, con un sueldo bruto de $2.741.787. Su pago
líquido subió así de $1,7 millones a $2,2 millones, un 29% más.
El otro es Ignacio Esteban Quiroz Astudillo, hijo de la subdirectora, Jacqueline Astudillo
Muñoz, según consta en su certificado de nacimiento.
Su recorrido es paralelo al de Manuela: en junio y julio de 2021 emitió dos boletas a la Corporación por $2.033.898 brutos cada una, equivalentes a $1.800.000 líquidos, por el concepto “Proyecto Extra Muro”. La última la emitió el 26 de julio, el mismo día que Manuela Opazo emitió la suya.
Ambos ingresaron con contrato el mismo día, el 1 de agosto de 2021, y quedaron registrados
con códigos de trabajador correlativos: 00022 para Quiroz Astudillo, contratado como
“sonidista radio”, y 00023 para Opazo Husch.
Sus sueldos base fueron casi idénticos:
$2.741.115 y $2.741.787, respectivamente. La diferencia de $672 se explica porque ambos
sueldos se calcularon a partir de un mismo monto líquido: en agosto de 2021, los dos
recibieron exactamente $2.200.000.
La cifra contrasta con lo que recibían los otros sonidistas de la Corporación. Según sus
liquidaciones, tenían sueldos base de $1.050.000 y $1.600.000. Es decir, el sueldo base del
hijo de la subdirectora era un 71% mayor que el del mejor pagado de ellos y 2,6 veces el del
otro.
Consultada por esta diferencia, la subdirectora afirmó que la renta de cada funcionario “se
fija de acuerdo con el alcance específico de las funciones y responsabilidades asignadas, por
lo que no necesariamente debe ser idéntica a la de otros cargos con denominaciones
similares”. No precisó, sin embargo, qué funciones justificaban que su hijo ganara más que
los otros sonidistas.
Los recorridos de Ignacio Quiroz y Manuela Opazo también terminaron juntos: ambos
dejaron la Corporación el 31 de diciembre de 2021 y, en enero de 2022, recibieron casi el
mismo monto, que el libro de remuneraciones registra como “indemnización por feriado
legal”, es decir, el pago de vacaciones pendientes: $822.339 Quiroz Astudillo y $822.537
Opazo Husch.
Ignacio no era el único hijo de la subdirectora en la nómina. Lesslie Carolina Bucarey
Campos, también hija de Jacqueline Astudillo según su certificado de nacimiento, figuró en
la planilla desde el 1 de enero de 2019, en el cargo de jefa de Inclusión, y según su perfil
profesional se mantuvo allí hasta marzo de 2025. Era la tercera funcionaria mejor pagada de
la Corporación: recibió $3.333.352 brutos en noviembre de 2021 y $3.270.225 en noviembre
de 2022.
Además, al menos en 2021, era su propia madre quien rendía esos pagos ante la
Municipalidad: Jacqueline Astudillo firmaba, como subdirectora, las rendiciones de la
subvención municipal, que incluían su propio sueldo, el del director y los de sus dos hijos.
Astudillo sostuvo que el parentesco “siempre estuvo en conocimiento tanto de la dirección
de la Corporación como del directorio y municipio, manteniéndose la debida transparencia
institucional”.
En suma, en noviembre de 2021 el director, la subdirectora y sus tres hijos, 5 de los 20
trabajadores, recibieron $36,1 millones de un total de $54,4 millones: dos tercios de la
planilla.
El vínculo familiar llega también al municipio. La subdirectora está casada con José
Exequiel Bucarey Sepúlveda, contador auditor que ha prestado servicios a la Municipalidad
de Colina al menos desde 2014. Mediante el Decreto E-2792/2013, firmado por el entonces
alcalde Mario Olavarría, el municipio lo contrató a honorarios durante todo 2014 para
realizar “apoyo profesional en la Dirección de Administración y Finanzas”, por $991.667
brutos mensuales. Era el segundo año de funcionamiento de la Corporación, donde su
esposa ya trabajaba. El gasto se imputó al ítem “Programa Comunal de Empleo”, y sus
informes debían ser visados por la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), no por la
Dirección de Finanzas, donde prestaba el apoyo.
En septiembre de 2021, un reportaje de T13 reveló que Bucarey, entonces director de
Administración y Finanzas de la Municipalidad de Vitacura, recibía pagos por asesorías en
Colina, lo que confirmó un exadministrador municipal de esa comuna. Y mediante el
Decreto Alcaldicio AP-1253/2022, firmado por la alcaldesa Isabel Valenzuela (UDI), la
Municipalidad volvió a contratarlo a honorarios durante todo 2023, por $1.419.354 brutos
mensuales, para “asesorar en la elaboración y evaluación para corregir las desviaciones del
presupuesto municipal durante su ejecución”, con la Dirección de Administración y
Finanzas como contraparte técnica. Es decir, asesoró en la ejecución del presupuesto del
mismo municipio que financia a la Corporación donde trabajaban su esposa y la hija de
ella.
Cuando Colina lo contrató para 2023, Bucarey estaba bajo investigación en Vitacura. En
2021, en el marco de un sumario por irregularidades en las transferencias a las
corporaciones Vita durante la gestión del exalcalde Raúl Torrealba, la Municipalidad de
Vitacura lo suspendió preventivamente como director de Administración y Finanzas,
aunque luego volvió a su cargo. El sumario, que continuó la Contraloría, seguía abierto en
diciembre de 2022, cuando se firmó su contrato con Colina.
En abril de 2023, la Contraloría le formuló cargos y, en septiembre de ese año, mientras seguía vigente su contrato con Colina, la Municipalidad de Vitacura lo destituyó.
Según Jacqueline Astudillo, su esposo “no tuvo ningún rol ni injerencia en la tramitación,
aprobación o control de las subvenciones destinadas a la Corporación”. También agregó
que, “al tratarse la Corporación de una entidad de derecho privado”, no existía la obligación
de declarar el vínculo.
El parentesco no constituye, por sí solo, prueba de una irregularidad. Pero en una
institución financiada con recursos municipales, que los hijos del director y de la
subdirectora hayan sido contratados el mismo día plantea preguntas legítimas:
¿qué funciones desempeñaron?
¿hubo un proceso de selección?
¿con qué criterios se fijaron sus remuneraciones?
¿quién autorizó estas contrataciones?
Sobre esto último, la subdirectora respondió que “todas las incorporaciones de personal en
la institución fueron debidamente evaluadas, autorizadas y aprobadas por el director de la
entidad, siguiendo los conductos regulares establecidos”. Es decir, según su versión, fue
Rodrigo Opazo quien aprobó la contratación de su propia hija. Astudillo no respondió si
participó o se inhabilitó en las decisiones sobre la contratación de sus hijos.
La revisión de antecedentes no permitió encontrar registros públicos ni informes técnicos
que detallen sus funciones, metas o responsabilidades.
En su respuesta, la subdirectora planteó que los antecedentes consultados “corresponden a
años anteriores” y que “ninguna de esas situaciones ni contrataciones se mantiene vigente a
la fecha en la Corporación”. Es cierto que sus hijos y la hija del director ya no trabajan allí,
aunque Lesslie Bucarey lo hizo hasta marzo de 2025, según su perfil profesional.
Pero ella y Opazo siguen en sus cargos. En septiembre de este año, Opazo tuvo una
remuneración bruta de $5.210.579 y Astudillo, de $4.891.832. Ambos llegaron a la
Corporación el mismo día, hace más de 13 años: el 1 de enero de 2013.
Una caja negra financiada con recursos municipales
La Corporación de Artes y Cultura de Colina ilustra los riesgos de usar entidades de derecho
privado para administrar recursos públicos sin mecanismos suficientes de transparencia y
rendición de cuentas.
Pese a administrar más de $12 mil millones en subvenciones municipales, la Corporación
mantuvo durante años sus registros fuera del alcance de la ciudadanía. El problema no es
sólo cuánto dinero se pagó, sino bajo qué criterios se decidió su distribución, quién
controló esas decisiones y qué mecanismos existieron para prevenir conflictos de
interés.
América Transparente sostiene que, cuando los fondos provienen de los contribuyentes, la
obligación de explicar cómo se gastan no debería depender de la forma jurídica de la
institución que los recibe. Menos aún cuando están en juego las remuneraciones de su
director y su subdirectora, y la contratación de sus hijos.
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