Durante el año 2024, alertamos sobre graves problemas de transparencia en el uso de fondos públicos en la administración de Irací Hassler en Santiago, específicamente en relación con la opacidad en las transferencias a la Corporación para el Desarrollo de Santiago (CORDESAN). Hoy, más de tres meses después de la asunción del nuevo alcalde Mario Desbordes, la falta de rendición de cuentas persiste. A marzo de 2025, CORDESAN ha gestionado más de 95.000 millones de pesos en absoluta opacidad, cifra que aumenta día a día sin mecanismos claros de fiscalización ciudadana.​

Una parte significativa de estos recursos se destina a contrataciones y tratos directos sin licitaciones abiertas a través de Mercado Público. Esta discrecionalidad en la ejecución del gasto impide a la ciudadanía conocer si los fondos realmente benefician a los vecinos de Santiago. Además, al desconocerse quiénes ejecutan estos contratos, es imposible detectar posibles conflictos de interés con empresas vinculadas al municipio, a la misma Corporación, a los partidos políticos de la administración de turno o, incluso, al crimen organizado.​

Actualmente, no existe una nómina pública de los funcionarios contratados por CORDESAN, ni de sus remuneraciones, ni de sus funciones. Esta falta de transparencia impide a la ciudadanía y a organismos especializados fiscalizar si existen contrataciones irregulares, nepotismo o sueldos duplicados de funcionarios que podrían estar cobrando simultáneamente en el municipio o en otras municipalidades u organizaciones afines políticamente.​

Desde el 20 de diciembre de 2023, CORDESAN se mantiene en desacato del Oficio N° E26575 del Consejo para la Transparencia (CPLT), que ordenaba en un plazo de cinco días hábiles la entrega de los contratos de los últimos tres años en respuesta a una solicitud de transparencia de América Transparente. A pesar de los reiterados recordatorios de este Consejo, la corporación ha optado por la opacidad y el incumplimiento deliberado de la normativa, desafiando directamente al principal organismo de defensa de la transparencia en Chile. Hasta la fecha, CORDESAN acumula 454 días de desacato.

El actual alcalde, Mario Desbordes, quien en su campaña prometió un giro en la administración municipal, ha terminado replicando hasta ahora las mismas prácticas de su antecesora. Al igual que Hassler en 2021, Desbordes ha anunciado la firma de un convenio de colaboración con el CPLT para mejorar la gestión de transparencia en CORDESAN. Sin embargo, actualmente CORDESAN mantiene una demanda contra el CPLT acusándolo de “una incompetencia evidente y grosera” por haber determinado que la información solicitada debía ser entregada.

Mientras se mantenga esa demanda, la firma de un convenio no tiene ninguna relevancia práctica, tal como ha quedado demostrado con la experiencia de la administración anterior. Repetir acuerdos con el CPLT que no generan resultados concretos no basta. Es urgente que se implementen medidas efectivas y verificables para garantizar la transparencia en la gestión de CORDESAN.​ Hasta el momento, el cambio de administración en el municipio no ha generado ningún avance  en materia de rendición de cuentas de la entidad  y sólo ha generado promesas incumplidas de mayor transparencia. 

Instamos al Alcalde de Santiago, Sr. Mario Desbordes, que financia la Corporación, y a CORDESAN, a su Director Ejecutivo, Juan Carlos González, y a su Consejo Directivo:

Andrés Navarro Haeussler – Presidente

Michel Calderón Velochinsky – Director Tiendas Ripley

Felipe Larraín Aspillaga – Director General Suez Pacífico Sur

Javier Pinto Picó – Director Corporación Cultural MetroArte

Marcelo Cicali Azcuénaga – Empresario Gastronómico

Jorge Guerrero Serrano – Vicepresidente Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC)

Francisco Muzard Ureta – Arquitecto y Urbanista

Purificación del Carmen Fernández González – Miembro del Consejo Directivo

a cesar estas prácticas opacas y cumplir con la normativa de transparencia, ya que actualmente continúan ejecutando presupuestos públicos en total opacidad. La entrega de información pública sobre el presupuesto no solo es un mandato legal, sino una obligación ética para resguardar la confianza ciudadana y la legitimidad de una corporación que ha operado durante décadas en Santiago.​

Finalmente, invitamos a todos los interesados a informarse y sumarse a la defensa de la transparencia en la gestión pública visitando nuestra página web. Para las instituciones públicas, la rendición de cuentas no es una opción: es un deber.

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Fundación América Transparente