En la información que recabó la Fundación América Transparente detectó una serie de irregularidades en el municipio del sector oriente de la capital, específicamente Las Condes.
Hasta un exagente de la CNI: las irregularidades que detectó América Transparente en las contrataciones “por programas” en Las Condes
“Usualmente se publican en Transparencia Activa junto a todos los contratados a honorarios,
pero Las Condes los omitía”
Graves irregularidades en el municipio de Las Condes
“La primera es que contraviniendo lo señalado por Contraloría, muchos de los funcionarios no desarrollan actividades transitorias. De hecho, varios llevan más de 5 años”
America Transparente
Además del tiempo, otra de las irregularidades que cometen es que la ley señala que no pueden ser trabajos que sean partes de la gestión administrativa de la Municipalidad. Pero como se ve en el listado de Las Condes, no son pocos los que trabajan en “la gestión de programas”.
En este último ámbito está, por ejemplo, Jorge Palacios Mery, ex agente de la CNI condenado por la tortura de 17 estudiantes en la Araucanía.
Palacios se desempeña en la Dirección de Desarrollo Comunitario, en el departamento de Gestión y Presupuesto apoyando la gestión de programas. Por dicho trabajo gana 16 millones de pesos.
En conversación con El Mostrador, Juan José Lyon de América Transparente señaló que
“pese a que la ley es muy clara en cuanto a transparentar quienes trabajan en el aparato público, dada la escasa fiscalización ocurre que pese a haber pasado más de 14 años de su implementación, todavía hay organismos que no cumplen con ella”.
Juan José Lyon
Una investigación de la Fundación América Transparente detectó que en la Municipalidad de Las Condes tiene más de 600 funcionarios contratados “por programas”, los que no eran informados por Transparencia Activa.
De hecho, la solicitud de AT tuvo que ser respaldada por el Consejo para la Transparencia porque la información no estaba disponible y ellos ejercieron su labor y roles propios.
Los honorarios por programas son un tipo de contratación que los municipios pueden hacer para cosas puntuales y transitorias, como por ejemplo un taller.
“Usualmente se publican en Transparencia Activa junto a todos los contratados a honorarios, pero Las Condes los omitía”
América Transparente
En la información que recabó AT, detectaron una serie de irregularidades en el municipio del sector oriente de la capital.
“La primera es que contraviniendo lo señalado por Contraloría, muchos de los funcionarios no desarrollan actividades transitorias. De hecho, varios llevan más de 5 años.
Un problema es la precariedad laboral de estos funcionarios a los que no se les pagan ni las vacaciones ni la salud ni pensión. De hecho, hace dos semanas Las Condes fue condenada a pagar 48 millones a una funcionaria que estuvo 13 años trabajando bajo esta modalidad”
América Transparente
Además del tiempo, otra de las irregularidades que cometen es que la ley señala que no pueden ser trabajos que sean partes de la gestión administrativa de la Municipalidad. Pero como se ve en el listado de Las Condes, no son pocos los que trabajan en “la gestión de programas”.
Dentro del listado, explica AT, hay algunos nombres que destacan por sobre otros. Por ejemplo, destaca Andrés Ugarte Navarrete (UDI), que gana más de 3 millones por
“desarrollar funciones en su ámbito profesional, coordinando y potenciando los procesos y actividades para los beneficiarios del programa” en Las Condes, pero además gana 2.5 millones en la Corporación La Reina.
Otro caso curioso es el del Jorge Palacios Mery, ex agente de la CNI condenado por la tortura de 17 estudiantes en la Araucanía.
El se desempeña en la Dirección de Desarrollo Comunitario, en el departamento de Gestión y Presupuesto apoyando la gestión de programas. Por dicho trabajo gana 16 millones de pesos.
En conversación con El Mostrador, Juan José Lyon de América Transparente señaló que
“pese a que la ley es muy clara en cuanto a transparentar quienes trabajan en el aparato público, dada la escasa fiscalización ocurre que pese a haber pasado más de 14 años de su implementación, todavía hay organismos que no cumplen con ella.
Cada vez que el Consejo para la Transparencia saca un estudio al respecto, siempre las mayores omisiones, cantidad de reclamos y falta de aplicación de la ley, están en los municipios. Y así encontramos que la municipalidad más rica de Chile no cumplía con lo mandatado por la ley. Y es importante que esta información se conozca y sea pública porque es la única forma de fiscalizar por parte de la ciudadanía.
América Transparente
De hecho basta con revisar ciertas coincidencias
“Solo mirar los nombres encontramos por ejemplo a una persona que trabaja en dos municipalidades al mismo tiempo. Por lo que ya denunciamos a Contraloría al respecto. También encontramos a un ex agente de la CNI trabajando en la Municipalidad, así como también a hijos y familiares de otros funcionarios de planta”.
América Transparente
De inmediato, surge la duda si la municipalidad escondió esta información precisamente por estos casos, como el ex-agente de la CNI.
“No puedo asegurar que ocultaron toda la información sólo por este antecedente, y desconozco la razón de fondo. Además siendo la ley muy clara en el sentido de que esta información debe ser pública, da para pensar de que había un afán de ocultamiento.
Que hayan varios familiares de funcionarios en esta nómina, personas con trabajos al mismo tiempo en otras municipalidades y un ex-agente de la CNI, al menos hace sospechar al respecto. Además hay un tema muy grave de precariedad laboral y falta respecto de lo que dice la ley.
Juan José Lyon
Corresponde notar las consecuencias que esto implica,
“Los funcionarios por programa es una modalidad de trabajo para cosas puntuales y temporales, y lo que vemos en esta nómina, es que hay personas que incluso llevan más de una década trabajando así y sin ningún tipo de pago de cotizaciones, ni vacaciones, ni seguridad laboral.
Respecto a la contratación de esta persona, ex agente de la CNI, si bien la ley permitiría que lo hagan habiéndose cumplido su condena en 2011, se debiesen revisar los protocolos de contratación del Estado ante casos de personas que tuvieron relación con crímenes de lesa humanidad”.
Juan José Lyon
Artículo publicado en El mostrador el 29 de Junio del 2022 en:
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