La seguridad pública es una de las mayores preocupaciones ciudadanas y requiere que el Estado tome decisiones eficientes, informadas y, sobre todo, transparentes.

Sin embargo, la reciente asignación para la compra de dispositivos Bola Wrap para Carabineros enciende todas las alarmas sobre cómo se están utilizando los recursos públicos y la integridad de los procesos de adquisición del Estado.

Por Paulette Desormeaux y Juan José Lyon

Agosto 24, 2025

En la discusión de la Ley de Presupuesto 2025 se aprobó una partida de $34 mil millones (el equivalente a la construcción de más de tres Cesfam) para la adquisición de 10.583 unidades del dispositivo Bola Wrap. A primera vista, la modernización del equipamiento policial con herramientas no letales parece un paso en la dirección correcta.

El problema de fondo, y lo que resulta inentendible desde una perspectiva de probidad, es que durante la discusión de la ley de presupuesto se especifique la marca y el modelo del producto a adquirir.

Esto constituye, en la práctica, una posible “compra atada”, que podría anular posibilidad de competencia y dirigir los fondos públicos hacia un proveedor único.

La seguridad de los chilenos y la de nuestros carabineros es demasiado importante para dejarla en manos de decisiones opacas y compras dirigidas.

Los recursos públicos deben utilizarse con la máxima eficiencia y probidad, no para amarrar compras a proveedores específicos bajo un manto de secretismo.

Al especificar “Bola Wrap” en la ley, el Congreso no solo eligió un producto, sino que designó a un proveedor (Top Security SPA) sin un proceso de licitación pública que lo justifique.

Esto anula la competencia y la eficiencia del gasto público

Intentamos acceder a los informes que justifican la compra vía Ley de Transparencia, pero Carabineros los declaró “secretos”. La evidencia internacional sobre la efectividad del Bola Wrap, una tecnología nueva, es además limitada.

Mientras tanto, otras tecnologías no letales, como los tasers solicitados por algunos alcaldes, quedaron fuera de consideración. ¿Por qué se favoreció un producto específico sin un análisis comparativo y abierto?

La seguridad es una prioridad, pero debe basarse en decisiones eficientes y transparentes, no en compras dirigidas y secretismo.

Esperamos se haga un proceso de evaluación técnica competitivo y transparente para elegir la mejor tecnología para nuestras policías.

Columna original publicada por Paulette Desormeaux y Juan José Lyon en La Segunda:

Con respecto a la reciente nota publicada en Pulso sobre la compra preferente que Chile, por medio de Carabineros, ha realizado del dis- positivo no letal “Bola Wrap” (in- movilizador remoto que lanza una cuerda de kevlar para restringir el movimiento de personas), queremos aportar antecedentes relevan- tes que, a nuestro juicio, deben ser considerados en este debate.

Una investigación realizada por América Transparente advirtió que la adquisición de más de 10 mil unidades fue incorporada median- te una glosa presupuestaria que alude a un proveedor único, sin registros previos de licitación pública, compras directas ni convenios marco disponibles en plataformas oficiales.

Esta falta de trazabilidad limita los controles instituciona- les y debilita la competencia entre tecnologías disponibles para el uso proporcional de la fuerza.

Además, no se conoce ninguna evaluación técnica comparativa que fundamente esta decisión.

A diferencia de otras herramientas no letales, el Bola Wrap no cuenta, por ejemplo, con una certificación del National Institute of Justice, de Estados Unidos, y si bien ha sido adquirido por diversas fuerzas policiales en ese país, también en algunas ha sido posteriormente descartado.

Entre ellas, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), que tras un piloto operativo con más de 500 despliegues resolvió no adoptarlo de forma permanente.

Llama la atención, además, que antes de su incorporación formal al presupuesto, autoridades del Ejecutivo ya mostraban el dispositivo en reuniones oficiales, lo que sugiere que su inclusión pudo haber sido decidida sin un proceso público de deliberación técnica.

Creemos necesario avanzar hacia una discusión transparente, basada en evidencia, que permita asegurar estándares adecuados en la adopción de tecnologías de uso policial.

Columna original publicada por Paulette Desormeaux y Juan José Lyon en La Tercera:

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