Publicado por Juan José Lyon.

Una sola palabra, “parásitos”, bastó para incendiar nuevamente el debate sobre el tamaño y 
la eficiencia del Estado. Aunque el lenguaje de la provocación rara vez contribuye a una 
discusión seria, la controversia toca una fibra sensible: la creciente desconfianza ciudadana
en cómo se utilizan nuestros impuestos.

El segundo mito es que “todos ganan sueldos millonarios”.

¿Es el sueldo promedio en el sector público más alto que en el privado? Sí, los datos lo confirman.

Pero esta media esconde una realidad profundamente desigual. No es lo mismo un médico especialista en un hospital saturado que un operador político sin funciones claras contratado a honorarios en una municipalidad.

Nuestras investigaciones han demostrado que el verdadero problema no está en el funcionario de carrera, sino en las zonas grises donde la política captura al Estado: las corporaciones municipales que operan con opacidad, los cientos de asesores contratados por “confianza” tras cada cambio de gobierno y algunos directivos con salarios que superan con creces cualquier estándar de mercado.

El problema no es el sueldo, sino la ausencia de mérito como criterio para acceder a él.
Y esto nos lleva al populismo, la respuesta más fácil y peligrosa a este diagnóstico.
Proponer “despedir a 100 mil funcionarios” como una solución mágica es una irresponsabilidad monumental.

¿A quiénes se despediría?

¿A las enfermeras que nos
faltan?

¿A los fiscalizadores que persiguen la evasión fiscal?

¿O se mantendrían los
puestos de los amigos del poder?

Esta propuesta es un golpe de efecto que elude la única reforma que importa: la modernización estructural del empleo público. De nada sirve cortar cabezas si mantenemos intacto el sistema que permite el clientelismo. Nuestro Estatuto Administrativo, anclado en los años 80, no promueve el mérito, no evalúa el desempeño y facilita que cada gobierno de turno tome el Estado como un botín.

La verdadera audacia no es pasar una motosierra, sino atreverse a construir un nuevo pacto
para la función pública. Un sistema donde se ingrese por concursos transparentes, se
ascienda por capacidad demostrada y se desvincule a quien no cumple sus funciones, con
un proceso justo.

¿Será imposible por la presión de los gremios? Sin duda es difícil. Pero la parálisis actual se
debe más a la falta de convicción política que al poder sindical. Cuando una reforma es
técnicamente sólida, se comunica con claridad a la ciudadanía y cuenta con un respaldo
transversal, el costo de oponerse a ella de forma intransigente aumenta.

Dejemos de cazar fantasmas y de estigmatizar la función pública. El enemigo no son los
funcionarios, sino un sistema que permite y premia el “amiguismo” por sobre la capacidad.
La tarea es compleja y requiere coraje político, pero es la única vía para construir un Estado
que esté verdaderamente al servicio de la ciudadanía y en el que todos y todas podamos
volver a confiar.

Nuestra fundación trabaja incansablemente para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente. Con tu ayuda, podemos seguir investigando y denunciando casos como este. ¡hazte socio!

¿Denuncias, consultas, donaciones? ¡Escríbenos!